Artolazabal encabeza en Badajoz la bsqueda de familiares de los presos fallecidos en el campo de concentracin y prisin de Ordua entre 1937 y 1941

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La consejera de Igualdad, Justicia y Polticas Sociales: "Mientras haya un luchador por la libertad desaparecido o enterrado en una fosa o en una cuneta deber haber un compromiso por su localizacin, exhumacin e identificacin". La mitad de los casi 4.000 presos de la prisin de Ordua procedan de Extremadura; 127 fallecieron all. Se han exhumado 71 restos humanos; el objetivo es contactar con el mayor nmero de familiares posibles que puedan donar ADN para la identificacin gentica.

Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha encabezado hoy en Castuera, Badajoz, la delegación del Gobierno Vasco desplazada a Extremadura para presentar ante los medios de comunicación, asociaciones de memoria histórica y familiares de presos fallecidos en la prisión de Orduña (de la Guerra Civil y primera postguerra) los trabajos de exhumación realizados en el cementerio del municipio vizcaíno y tratar así de localizar a posibles familiares, ocho décadas después.

“Quienes dieron su vida, quienes cayeron en el frente, quienes fueron tiroteados en una cuneta, quienes padecieron los rigores de la cárcel y de los campos de concentración, hasta encontrar muchas veces la muerte, quienes fueron objeto de todo tipo de represión, hoy nos interpelan. Tienen derecho, y vosotros, sus familiares, tenéis derecho”, ha reconocido Artolazabal.

La mayoría de los presos trasladados desde la localidad extremeña al penal de Orduña eran agricultores que sufrieron la represión fascista. En memoria de estas personas, así como de otros luchadores por la libertad, la consejera ha dicho que tanto ellos como sus familias tienen “derecho a que sus restos sean localizados, exhumados e identificados; derecho a honrarles, a llorarles, a depositar una flor en su tumba”.

“No les devolveremos la vida, pero sí su derecho a descansar en paz entre los suyos, su derecho a la dignidad, dignidad que pretendieron arrebatarles pero que nunca perdieron”, ha proseguido, al tiempo que ha mostrado el compromiso por “localizar, exhumar e identificar” a quienes han sido enterrados en fosas o cunetas.

La consejera ha recordado que de los 3.981 presos que están registrados estuvieron en la prisión de Orduña entre 1937 y 1941, 2.035 eran nacidos y/o con vecindad en Extremadura. Además, muchos de ellos habían pasado antes por el campo de concentración de Castuera, de ahí que la delegación vasca se haya desplazado a esta localidad de Badajoz.

“Más de 2.000 personas fueron desplazadas en trenes a más de 700 km de distancia, para aislarlos y castigarlos doblemente, a ellos y a sus familias. Al castigo de una brutal represión se unió la crueldad del desarraigo. Y algunos de ellos nunca volvieron. Murieron por las inhumanas condiciones que en Orduña hubieron de soportar: frío, hambre, hacinamiento, enfermedad”, ha lamentado Beatriz Artolazabal.

 

71 restos exhumados

La visita tiene el objetivo de tratar de identificar los restos exhumados pertenecientes a 71 personas ya recuperados en las dos campañas de excavación realizadas en junio de 2014 y diciembre de 2022 en el cementerio de Orduña. Por la documentación histórica existente se conoce que, de los 225 prisioneros fallecidos en la prisión de Orduña, más de la mitad (127) eran de origen extremeño (125 de Badajoz y 2 de Cáceres), y que 87 de ellos trasladados desde el penal de Castuera.

A estos presos extremeños muertos se unieron 41 castellano-manchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), 22 trasladados desde la prisión de Málaga, 7 de Tarragona y los 28 restantes eran naturales de otras provincias del Estado.

Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, como responsable de coordinar los trabajos de identificación de las víctimas, ha logrado contactar hasta la fecha con 41 familias de víctimas de la prisión vizcaína, con las que ya ha gestionado la toma de muestras de ADN.

La delegación vasca se ha desplazado a Castuera para hacer desde allí un llamamiento a familiares de personas presas fallecidas en la prisión de Orduña para que se pongan en contacto y se informen sobre el proceso de identificación. Lo pueden hacer llamando o escribiendo a944 032 845 / gogora@euskadi.eus.

El objetivo es llegar a contactar con el mayor número de familiares posibles que puedan donar ADN para llevar a cabo la identificación genética de los restos. El tiempo transcurrido desde su muerte, la calidad del ADN que se pueda extraer de los restos óseos y el grado de parentesco del familiar al que se extrae el ADN determinan en gran medida que se pueda llegar a la identificación genética.

Estos trabajos de localización de los restos en el cementerio de Orduña se realizan en colaboración con el Ayuntamiento de Orduña, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Gobierno español.

“Cada kilómetro desde Euskadi a Extremadura ha merecido la pena. Porque honrar a quienes dieron su vida merece la pena, porque el compromiso con la memoria histórica y democrática merece la pena, y, muy especialmente, porque vuestra paz interior, y vuestro corazón merecen la pena. Que ocho décadas después podáis descansar merece la pena”, ha finalizado la consejera vasca.

La delegación vasca encabezada por Beatriz Artolazabal, ha contado con el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, y la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos - Gogora, Aintzane Ezenarro.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera.

En la presentación pública ante los medios de comunicación han participado igualmente Francisco Pérez Urban, director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Extremadura; Francisco Martos, alcalde de Castuera y Naiara Garmendia, bisnieta de Bernardo Rodríguez Rincón, labrador de Campanario, fallecido en la cárcel de Orduña. Tras reunirse con las familias desplazadas a la localidad, los historiadores y memorialistas Guillermo León y Antonio López, fundadores de la asociación AMECADEC (Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera), han ofrecido una visita guiada al lugar en el que se encontraba el Campo de concentración de La Gamonita.

 

Campo de concentración y prisión

Entre 1937 y 1941 en Orduña, en el colegio de los Padres Jesuitas, se estableció un campo de concentración de prisioneros de guerra y posteriormente, en octubre de 1939, una prisión central. Allí fallecieron, al menos, 255 personas, 24 de ellas en el campo de concentración.

Algunos de los cautivos fueron utilizados como trabajadores forzosos para realizar diversos trabajos de construcción en la zona.

El campo de concentración de Orduña comenzó a funcionar en julio de 1937 cuando el bando sublevado puso en marcha una red de campos para concentrar de forma masiva a los combatientes republicanos. Una vez allí, los presos fueron clasificados, dependiendo de su grado de responsabilidad en favor de la República.

En todos ellos, la arbitrariedad y las condiciones de vida infra-humanas fueron denominador común: hacinamiento, humillaciones, hambre, frío, enfermedades y muertes.

La mayoría de estos campos se clausuraron en 1939 salvo algunos, como el de Orduña (1939-1941), que pasaron a ser prisiones. Finalizada la guerra, Orduña paso a ser parte del engranaje de la política penitenciaria del Franquismo, especialmente diseñada para aquellos quienes perdieron la guerra.

El perfil de los presos cambió: provenían de lugares alejados del país. Así, se conoce que la mayoría de las personas que fallecieron estando cautivas en Orduña eran naturales de las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Cataluña.